Cataluña, España

En estos momentos se está celebrando la manifestación masiva en las calles de Barcelona que conmemora la Díada. Decenas, quizá centenares de miles de personas ocupan la Meridiana clamando por la independencia.  No más ni menos gente que la que ocupó la Castellana de Madrid clamando contra el terrorismo de ETA o el aborto, o la que han movilizado también en Madrid algunas huelgas generales. Esta conmemoración coincide con el comienzo de la campaña electoral para las elecciones autonómicas en Cataluña.

A nivel del conjunto de España y particularmente en Madrid y Barcelona, las trepidaciones políticas y mediáticas respecto al contencioso catalán no dejan de aumentar. La mayoría de los comentarios que leemos y oímos son interesados. Los partidos políticos que deberían dirigir la marcha de España, PP y PSOE, aparentan no saber lo que quieren para los españoles. La demagogia y la falsedad de los dirigentes de la autonomía catalana han conseguido dividir a los ciudadanos de Cataluña en dos mitades irreconciliables, tras una labor desintegradora de años que los políticos españoles han venido consintiendo.

Hoy por hoy, ni los políticos ni los medios de comunicación muestran el menor interés por el largo plazo de España y los españoles. Viven al día, resolviendo la crisis económica o protestando contra ella, luchando unos contra otros a brazo partido para ver quién se lleva el gato del poder al agua. El problema demográfico, que exige políticas de apoyo a la familia  y de promoción de una inmigración con fácil encaje cultural en España, como sería la latinoamericana, ni se menciona. La competitividad a largo plazo necesita de un vigoroso sistema de investigación científica y tecnológica que sin embargo agoniza bajo los recortes presupuestarios. España como nación no será posible si los españoles no comparten una cultura común, que requiere la enseñanza de una historia de España que sea verdadera y se transmita a través de un sistema educativo común, lo que tampoco existe hoy en España, con la transmisión de la cultura confiada a unas autonomías que cuando quieren tergiversan impunemente esta historia. Etc, etc, etc.

La preocupación dominante de nuestros políticos es mantenerse en el poder cuando lo tienen o conseguirlo en las próximas elecciones. Podría decirse que esto es lógico, ya que sin poder no existe la posibilidad de actuar. Pero cuando el ánimo se queda en esto, cuando apropiarse del poder y sus prebendas muestra ser la única preocupación de unos políticos que han sido incapaces de ponerse de acuerdo en los grandes temas de estado, como la demografía, la educación, la ciencia, la cultura, la organización del estado a través de una Constitución intocable en lo esencial, cuando todo esto sucede entonces es porque España tiene un serio problema político que va mucho más lejos y cala mucho más hondo que el contencioso catalán.

Este problema central es el de la propia organización de nuestro estado autonómico. Los españoles no pueden soportar el peso de cuatro castas políticas con su cohorte de funcionarios acompañantes, desarrollándose cada una por su cuenta: la Unión Europea desde Bruselas, el gobierno central con sede en Madrid, los gobiernos autonómicos y las corporaciones locales (Diputaciones provinciales más  Ayuntamientos). Las cuatro son necesarias, pero deben repartirse sus funciones de forma más coordinada y económica. De modo que se cumpla un objetivo esencial: la igualdad de TODOS los españoles, cualquiera que sea su lugar de nacimiento o residencia,  ante la ley, el gobierno, la justicia y los derechos y obligaciones esenciales. Y otro complementario del anterior: que el gasto público sea soportable por el sistema económico y social que genera la riqueza capaz de financiarlo, que son las empresas y los trabajadores del sector privado.

Todo lo cual se incumple hoy y es causa de la mayoría de nuestras inestabilidades y decadencias. Me limitaré a un ejemplo, el de la multiplicidad injusta de los sistemas fiscales. Navarra y el País Vasco disfrutan de los llamados Conciertos, por los que son los respectivos gobiernos autonómicos quienes recaudan y administran la totalidad de los impuestos, de los que detraen una cantidad, negociada con el gobierno central, con la que contribuyen a los gastos generales del estado. Esta situación es muy ventajosa para las dos autonomías, que son de las más ricas de España. A las restantes comunidades autonómicas el estado les tiene cedidos algunos impuestos, que ellas administran a su voluntad. El  Impuesto de Sucesiones es uno de ellos.  La comunidad autónoma de Madrid no lo aplica, mientras que si lo hacen otras comunidades, como Andalucía y Cataluña, que lo tienen al tipo más alto posible. Todo esto genera desigualdades irritantes e insostenibles.

En estas desigualdades está la base del descontento que ha llevado a casi la mitad de los catalanes a reclamar la independencia de España. El descontento existente allí ha sido liderado y fomentado por los partidos nacionalistas, que inicialmente aspiraban a que se les concediera un privilegiado Concierto fiscal como el que disfrutan vascos y navarros, pero que al no conseguirlo han extremado sus reclamaciones hasta llevarlas a la independencia como meta, en una situación próxima a la sedición.

Todo esto tiene que terminar, y la única manera justa de hacerlo es aplicando a todo lo largo y ancho del estado español un mismo régimen fiscal, suprimiendo para ello los conciertos vasco y navarro, haciendo además que la determinación de todos los tipos impositivos sea la misma para todos los españoles, definida por el poder legislativo central y administrada por el poder ejecutivo del estado.

Lo malo es que muchos indicios parecen indicar que los dos grandes partidos estatales, el conservador PP y el socialdemócrata PSOE, van a terminar cediendo a las pretensiones catalanas  y concediéndoles también, como a vascos y navarros, un régimen fiscal exclusivo y privilegiado. Si esto termina produciéndose, el territorio español se dividirá en una mitad rica al Norte y otra mitad pobre al Sur, con Madrid en el centro sobreviviendo a costa de unos y otros, en un estado fragmentado y manifiestamente injusto. El cual, como las pretensiones de los nacionalistas (vascos y catalanes en este caso) nunca tienen límite, puede terminar rompiéndose.

Esta es la situación. De momento solo cabe denunciarla, esperando que el PSOE, hoy en la oposición, termine aclarándose con ese federalismo que proponen y no saben explicar, aunque probablemente se trata de ceder ante las pretensiones de autonomía fiscal de Cataluña. Y que el PP no traicione lo que proclama como su posición, igualdad fiscal para todos (excepto vascos y navarros, claro) y que además sea capaz de aplicar de verdad esa igualdad fiscal, renunciando a seguir dándole a Madrid las ventajas fiscales que ha venido concediéndole, no cediendo ante las pretensiones catalanas y acabando con las excepciones tan injustas de vascos y navarros; en definitiva, con bastante más seriedad y consistencia que la aplicada hasta ahora.

Aunque es bien cierto que, tras casi cuarenta años de democracia constitucional, con dos partidos dominantes, PP y PSOE, a lo largo de los cuales han tenido lugar en España grandes progresos económicos y sociales, estos dos partidos han envejecido y perdido mucha de su fuerza e inspiración. Y que otros partidos jóvenes, Podemos por el flanco izquierdo y Ciudadanos por el derecho, entre otros, están asentándose y pueden terminar aportando esa nueva forma de ver los problemas, mirando hacia el futuro y desde un patriotismo de estos tiempos, que España necesita. Ojalá las expectativas puestas en ellos se cumplan. En todo caso, los tiempos que vienen seguirán siendo borrascosos en España, como probablemente en todo el Sur de Europa. Los jóvenes partidos que terminen gobernándonos van a necesitar de ese patriotismo nuevo que, como el clásico, es una mezcla de generosidad y valentía, pero además unida a una visión del futuro radicalmente diferente a la que hoy por hoy manejan nuestros gobernantes (si es que manejan alguna).