(Picar con el ratón para ver el mapa ampliado) |
Hoy merece recogerse la noticia de la aprobación por la Comisión de Evaluación Ambiental de la XI Región del proyecto de Hidroaysen, un gigantesco complejo hidroeléctrico a situar en una de las zonas más prístinas de la Patagonia chilena y muy contestado por los ambientalistas. Recomiendo ver el video en el que Tomas Mosciatti, desde radio Bio Bio, muestra las razones de sentido común por las que él se opone al proyecto.
En el mapa adjunto a esta entrada se muestra que el impacto ambiental no será solamente el de las cinco o seis represas a construir, ya de por sí muy importante, sino también el de la larguísima línea de alta tensión que llevará hasta el Norte la electricidad producida por Hidroaysen, proyecto este de transmisión que ni siquiera ha sido presentado todavía para su aprobación por las autoridades ambientales.
Comentaré algo sobre la situación en España, donde no existe una estrategia energética definida y aprobada por el Parlamento a la que tengan que ajustarse en el largo plazo las empresas productoras de energía. No existe un mapa energético del país para el largo plazo, no se ha optimizado la asignación de los recursos naturales del país a las distintas aplicaciones posibles. Da la impresión de que las empresas energéticas tienen toda la iniciativa en la elección y proposición de sitios para sus proyectos, pero es difícil que sean capaces de darles la misma importancia a los aspectos técnicos y económicos de su negocio que a los ecológicos, sociales, turísticos o simplemente humanos, los cuales solo pueden tener para las empresas energéticas una cierta importancia colateral. Aquí hay un riesgo que, teniendo en cuenta que se trata de proyectos con una larguísima vida útil, puede pagarse caro algún día. Baste con recordar, como ejemplo quizá extremo pero tristemente real, las consecuencias que ha tenido en Japón la instalación de una planta nuclear como la de Fukushima en una zona abierta a los daños producidos por grandes tsunamis.
Desgraciadamente, vivimos en un mundo en el que los gobiernos y los parlamentos, que representan los intereses de los ciudadanos, tienen cada vez menos que decir en los grandes temas técnicos, económicos y financieros, cuya gestión está cada día más globalizada.
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